Ana Botín propone y el Gobierno recoge el guante. Más tarde que pronto, pero lo hace. La presidenta de Banco Santander planteó hace más de dos meses un nuevo plan de compra de vivienda para jóvenes que ya se está estudiando.
Las conversaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la banca están en marcha para convertir lo que al principio parecía una idea al aire en una propuesta sobre el papel, según confirman fuentes financieras a ABC. «Los jóvenes fueron los grandes perdedores de la última crisis», afirmó la banquera en la macrocumbre empresarial de CEOE a mediados de junio.
Entonces, el plan no fue del todo bien recibido, ni en el sector ni en La Moncloa. Pero la disposición ha cambiado sobremanera. La idea inicial tiene que ver con el acceso a la compra de vivienda de los menores de 35 años. Los bancos, normalmente, otorgan hipotecas a estos colectivos de entre el 60% y el 70% del valor de los inmuebles. No más, porque supone un desembolso demasiado elevado para el retorno que van a recibir y el riesgo asumido. Esto provoca que muchos ni siquiera se planteen adquirir un piso.
Aquí es donde llega el vuelco del plan. La presidenta del Santander aspira a que las entidades financieras puedan otorgar hasta el 95% del valor de una propiedad para una hipoteca. ¿Cómo? Con la intervención del Estado. La fórmula que proponía entonces radicaba en que se establecieran garantías públicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
No se trata de una propuesta novedosa, ya que lleva años funcionando en Reino Unido bajo el nombre de «Help to Buy». Y en España los promotores han propuesto en numerosas ocasiones la aprobación de estímulos de este tipo para el sector residencial. Según los cálculos del sector financiero, con esta iniciativa se beneficiaría a 500.000 hogares y se crearían alrededor de 1,7 millones de empleos.
El Gobierno está ya en conversaciones para sacar este plan adelante, aunque las fuentes consultadas indican que «no es una prioridad en estos momentos». Más bien se trata de algo pensado para el medio plazo, no como idea única y separada sino como parte de un plan más amplio. En este contexto, la ley estatal de vivienda que pretende aprobar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)
En todo caso, fuentes financieras detallan que el mayor escollo a superar será convencer al Ejecutivo para llegar hasta ese 20% de aval. Las posturas de ambas partes todavía están verdes pero las intenciones están claras. De la banca, el brazo negociador sería principalmente la Asociación Española de Banca (AEB), que fue la que transmitió oficialmente la idea.
Pero no solo el sector financiero está presionando para impulsar este tipo de ayudas. Los promotores llevan años intentando que el Gobierno facilite el acceso a la vivienda en propiedad. «La mayoría de nuevas viviendas se destinen a reposición o segundas residencias. Con determinados estímulos, esta situación se revertiría sin crear una burbuja de crédito, ya que creemos que estos préstamos deben estar destinados únicamente a perfiles con gran solvencia», explica el director general de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Daniel Cuervo.
La patronal incluye en su propuesta a las aseguradoras, que sustituirían los avales del Estado por una póliza que cubra alrededor del 15% del préstamo. Cuervo reconoce a ABC que se han producido contactos con distintas facciones del Gobierno y «se están planteando fórmulas», aunque también destaca «cierta resistencia» porque una parte del Ejecutivo prima la concesión de ayudas a personas en riesgo de exclusión. «Creemos que deben haber varias soluciones», opina el director general de Asprima, que achaca el problema a la escasez de ahorros, no de ingresos.
CaixaBank Research incidió en este aspecto en un informe publicado durante el pasado mes de julio donde analizaba el potencial de los inquilinos españoles
«Si bien se observan notables diferencias entre provincias y municipios, en todas las regiones se hace patente que la insuficiente capacidad de ahorro es la principal restricción a la que se enfrentan los inquilinos para acceder a una vivienda en propiedad», explica la autora del análisis, la economista senior de CaixaBank Judit Montoriol Garriga.
Los bancos han denunciado esta situación junto a los promotores. Y el Gobierno ya se ha sentado con ellos para analizar posibles soluciones a un problema que trasciende el sector inmobiliario y también condiciona la creación de nuevos hogares.
