Esta medida, que en principio concluía el 30 de junio, se ha visto prorrogada hasta, al menos, finales de año y afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores siempre y cuando tengan que actualizar su renta antes del 31 de diciembre de 2022.
De esta forma, el Gobierno pretende "proteger de las subidas de precios tanto a inquilinos como a propietarios estableciendo medidas anti-crisis para ambos". Sin embargo, el sentimiento común de los propietarios que ya conviven con unos precios disparatados debido a la inflación, es que se está cargando la responsabilidad sobre sus espaldas. El arrendatario se vería afectado ya que no podría subir la renta el porcentaje de IPC que está padeciendo en el resto de productos y servicios que consume.
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Los expertos mantienen que, de no poder asegurar la vinculación de nuevo del precio de los alquileres al IPC, se tendría que generar un paquete de medidas compensatorias para los arrendadores que saldrían desfavorecidos en esta situación. De lo contrario, podríamos enfrentarnos a un panorama en el que las viviendas en alquiler pasen a venta o dejen de alquilarse por la baja rentabilidad que generarían, lo cual supondría un problema mayor ya que crearía un impacto en el mercado inmobiliario.
¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos en este ámbito? Te mantendremos informado desde Grupo ADE.
